El Congreso extenderá la suspensión de remates por deudas hipotecarias

El Congreso nacional sancionará el próximo miércoles un proyecto que postula reformar la ley de salvataje para solucionar el problema de las deudas hipotecarias contraídas con acreedores privados y extender por 90 días la suspensión de los remates de viviendas.

El gobierno pidió a los legisladores oficialistas que aprueben el proyecto en la próxima semana debido a que hoy vencen los 120 días hábiles de la suspensión de las subastas, para evitar que vuelvan a producirse los remates dispuestos por algunos jueces que declararon inconstitucional la ley 25.798.

Por ese motivo las autoridades de las Cámaras y de los bloques oficialistas del Congreso acordaron debatir el proyecto el miércoles a la mañana en el Senado y desde las 15 en Diputados.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Jorge Capitanich, confirmó que el oficialismo aspira a convertir en ley el proyecto el próximo miércoles y destacó que la iniciativa busca la conciliación entre las partes sin que el Estado deba pagar las deudas pendientes.

El proyecto que aprobarán los senadores y los diputados establece una modificación de la ley de salvataje para terminar con la controversia judicial sobre los deudores privados, y prevé una nueva suspensión de los remates hipotecarios por un plazo de 90 días, que se contará a partir de hoy.

De ese modo, el gobierno busca solucionar el problema planteado con los deudores que tomaron crédito en las escribanías, ya que muchos acreedores recurrieron a la Justicia rechazando la exigencia de entrar en el sistema y obtuvieron fallos para seguir adelante con las subastas de los morosos.

Diferente es el panorama en el sector financiero, porque la facultad de ejercer la opción de ingresar a este sistema corresponderá únicamente a la parte acreedora cuando se tratara de una entidad financiera. En ese sentido, Capitanich dijo que "14.000 deudores hipotecarios se presentaron al fideicomiso del Banco Nación, pero muchos acreedores, a pesar de que los deudores pagaron, desconocían o declaraban de inconstitucionalidad la ley y propiciaban la ejecución hipotecaria".

Para evitar que suceda lo mismo, el gobierno está proponiendo un sistema de conciliación que otorgue un documento cancelatorio de la deuda reconocida por el Estado y que por encima de este pago pueda existir una nueva propuesta del moroso.

La ley 25.798 establece que los deudores paguen al fondo fiduciario en cuotas más blandas y éste cancele la deuda con el acreedor abonándole un peso por dólar más lo que indique el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

La reforma postula que en los procesos de ejecución hipotecaria, antes de continuar con el trámite procesal y "siempre que hubiere sentencia firme o en condiciones de ser ejecutada, el juez interviniente deberá convocar a una audiencia de conciliación".

Una vez fijada la fecha, el deudor podrá solicitar al Fondo Fiduciario la emisión de un certificado donde conste la suma que le corresponde percibir al acreedor.

La obligación de ese certificado estará supeditada a que el acuerdo entre el deudor y el acreedor resulte homologado judicialmente.

Con el certificado, el deudor podrá efectuar una oferta de pago en la audiencia referida.Para ese fin el deudor estará facultado para integrar su propia oferta de pago con la suma puesta a disposición por el fiduciario conforme al certificado mencionado.

Si el acuerdo resulta homologado judicialmente, el acreedor podrá hacer exigible el monto comprometido por el fiduciario y por el deudor.

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Fuente: www.lacapital.com.ar
Editado por : Cristian Stival
Director de www.proactivos.com
Editor de www.pro-activos.blogspot.com
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